Resumen: La Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección presentada en
contra de una sentencia de segunda instancia que puso fin a un proceso de acción de protección.
La Corte determina que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en
la garantía de motivación de la parte accionante debido a que no se pronunciaron sobre las
vulneraciones de derechos alegadas.
Por otro lado, en el examen de mérito, la Corte concluye que el Ministerio de Gobierno vulneró
los derechos a migrar, a la reunificación familiar y a la atención prioritaria, así como el
principio del interés superior del niño, de cuatro adolescentes no acompañados y en situación
de movilidad humana. Esto, en particular, al haber identificado que el Ministerio de Gobierno
no realizó un análisis individualizado del caso de cada adolescente, requirió documentación
para permitir la salida del país de los adolescentes que supuso un obstáculo para el ejercicio de
sus derechos y dilató e impidió injustificadamente la reunificación familiar de los adolescentes
con sus familiares en Perú.
Resumen: En la presente acción extraordinaria de protección se declara la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes,
por cuanto la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena no habría observado el principio de inversión de la carga de la prueba en garantías jurisdiccionales. Tras verificar el cumplimiento de los presupuestos para la procedencia del control de mérito, la Corte resuelve declarar la vulneración del derecho constitucional a la prohibición de discriminación basado en
las categorías del estado de salud y por portar VIH. Adicionalmente, se establece que no existe la obligación del trabajador de revelar al empleador la información personal referente a la condición de portador del VIH.
Resumen: La Corte Constitucional revisa el proceso de acción de protección iniciado por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Esperanza Llori Abarca, en el que impugnó la resolución del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional que calificó una denuncia presentada en su contra por incumplimiento de funciones. Luego del análisis
correspondiente, este Organismo emite estándares con efectos vinculantes para casos análogos con el fin de aclarar la procedencia de la acción de protección en contra de dicha resolución, sin que tenga efectos para el caso objeto de revisión.
Resumen: La Corte Constitucional acepta la acción extraordinaria de protección presentada en contra del auto que concedió medidas cautelares y de las sentencias de primera y segunda instancia dentro de un proceso de acción de protección. La Corte determina que el juez de primera instancia vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación por haber concedido una solicitud de medidas cautelares sin justificar por qué se verificó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 27 de la LOGJCC. Asimismo, concluye que las autoridades judiciales de primera y segunda instancia vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, por haber desnaturalizado las medidas cautelares y la acción de protección, al haber resuelto un caso sobre cuestiones técnicas y comerciales derivadas de los derechos de propiedad intelectual para las cuales el ordenamiento jurídico prevé vías idóneas, tanto administrativas como judiciales, de forma expresa. Finalmente, la Corte
determina que en la sentencia 034-13-SCN-CC no se creó una regla de precedente en sentido estricto relacionada con los requisitos de procedencia de las medidas cautelares constitucionales.
Resumen: La Corte Constitucional declara la vulneración de los derechos a la protección especial como mujer en período de maternidad, a contar con las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo, y a la salud de una jueza a la que se le suspendió su licencia por maternidad tras el fallecimiento de su hijo. La sentencia, en el primer problema jurídico concluye que el Consejo de la Judicatura vulneró el derecho a la protección como mujer en período de maternidad de la accionante por haberla obligado a reintegrarse a funciones mientras se resolvía una consulta sobre la vigencia de su licencia por maternidad; y, por otro lado, en el segundo problema jurídico resuelve
que el Consejo de la Judicatura vulneró los derechos a la protección prioritaria como mujer en período
de maternidad, a contar con las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y a
la salud de la accionante porque en la resolución de la consulta sobre la vigencia de la licencia por
maternidad, la entidad accionada concluyó que tras la muerte del recién nacido el derecho a la licencia
por maternidad se extinguiría, desconociendo que dicha licencia tiene –entre varios de sus fines– la
recuperación de la madre después del embarazo.
