Una decisión judicial puede determinar con quién vivirá un niño, cómo se relacionará con sus padres o qué ocurrirá en su entorno familiar. Por ello, a partir de la reforma al artículo 95 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), vigente desde el 13 de agosto de 2026, los jueces también deben comunicar el contenido y alcance de sus decisiones a niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad, madurez y capacidad de comprensión.

La nueva disposición establece que las sentencias que involucren directamente a este grupo de atención prioritaria incorporen un espacio destinado a comunicar el alcance de la resolución, considerando el principio del interés superior del niño.

Para Juan Carlos Paz Mena, juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, “la reforma representa un cambio de paradigma, porque reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y como parte de las decisiones que inciden en sus vidas. No es lo mismo explicar una resolución a un niño de 5 años que a un adolescente; el mensaje debe ajustarse a su capacidad de comprensión”.

El juez señala que esta práctica ya se aplica en países como México, Colombia y Argentina. En Ecuador también existen antecedentes: desde 2019, jueces como Paz incorporaban mensajes dirigidos a niñas, niños y adolescentes en casos especiales, como adopciones, permisos de salida del país y medidas de protección. Lo relevante es que, en la actualidad, esta perspectiva se incorpora como una obligación normativa en las causas que correspondan.

Para Lenin Ramírez, director provincial del Consejo de la Judicatura, la aplicación de esta reforma requiere que los juzgadores incorporen este enfoque al comunicar sus resoluciones, de manera que la protección integral se concrete también en la forma en que este grupo etario reciba información sobre los procesos que inciden en sus vidas.

Desde sus competencias, el Consejo de la Judicatura acompañará la implementación de esta norma y promoverá las condiciones necesarias para fortalecer la atención judicial que garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes.