Desde 2013 hasta 2022, el Ministerio de Finanzas dejó de entregar más de USD. 1600 millones de dólares del presupuesto que requería la Función Judicial para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder al servicio de justicia. Así lo evidenció el Consejo de la Judicatura durante la audiencia pública sobre la Acción de Protección No. 17203-2023-01666.
En la audiencia, realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Directora Nacional Financiera del Consejo de la Judicatura, Verónica Jaramillo, recalcó que en el periodo mencionado, el Consejo de la Judicatura solicitó como presupuesto óptimo USD. 6295.1 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas asignó a la Función Judicial USD. 4497.3 millones. De ese monto, en promedio, se ejecutó el 97%.
En su exposición, la Directora Financiera aseguró que por la falta de los recursos, se ha postergado el mantenimiento preventivo y correctivo de las 436 dependencias judiciales que existen a nivel nacional.
De igual forma, no se cuenta con los recursos para la designación de los 692 jueces que hacen falta en todo el país. Tampoco existe el presupuesto para la designación, mediante concurso público, de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, ni para la implementación de la Ley de Transformación Digital, tarea para la cual se requieren al menos USD. 12 millones.
Pese a los constantes pedidos del Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Finanzas no ha asignado los recursos suficientes para el pago de las jubilaciones de los servidores judiciales.
Según lo confirmó la Directora Nacional de Planificación, Mónica García, se necesitan alrededor de USD. 9 millones para cumplir con los derechos de quienes han dedicado su vida profesional a la Función Judicial, entre ellos, 93 personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se requieren USD. 13 millones para el pago de sentencias que son de cumplimiento obligatorio.
La audiencia se desarrolló por más de dos horas, al cabo de las cuales, la jueza Cecilia Pareja, quien está en conocimiento de la Acción de Protección, resolvió suspenderla.
La administradora de justicia dispuso que la reinstalación sea el próximo 21 de abril de 2023 y que la audiencia se desarrolle por vía telemática.
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