La Acción de Protección presentada, en calidad de ciudadano, por el doctor Wilman Terán Carrillo, Presidente del Consejo de la Judicatura, contra el Primer Mandatario, Guillermo Lasso Mendoza; y, el Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, se radicó en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre del cantón Quito.
La garantía jurisdiccional fue presentada el lunes 03 de abril de 2023, contra los mencionados funcionarios, por omisión de su deber de proveer recursos económicos suficientes para el ejercicio de los derechos a la defensa, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, trabajo digno y seguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia y de quienes trabajan en su prestación.
En el texto de la Acción de Protección se señala que, en los últimos 10 años, la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de 200 millones de dólares, lo cual ha generado escenarios preocupantes, donde el acceso gratuito de la ciudadanía a la justicia se ejerce únicamente en una dimensión formal.
Se recuerda que en 2013, se asignaron más de 550 millones de dólares a la Función Judicial, mientras que para el presente año, el presupuesto codificado es de 347,7 millones, monto que no es suficiente para financiar el gasto corriente de la Función Judicial, así como tampoco los proyectos de inversión y de modernización.
Además, se indica que, ante la evidente y pública situación de vulneración de derechos de los usuarios y trabajadores del sistema judicial, debe existir una reparación por parte de los órganos que, con sus omisiones, vulneran los derechos de protección, entre ellos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.
Por las razones antes expuestas, en la pretensión de la Acción de Protección se pide que la Presidencia de la República ordene al Ministerio de Finanzas consignar, a favor del Consejo de la Judicatura, el valor de 265’650.998,80 dólares, monto que constituye el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023, con un recargo del 10% por cada día de retraso, en caso de incumplimiento del plazo otorgado, adicionado a esta suma global, los intereses legales y vigentes, a fin de que dichos valores de recargos sirvan para potenciar la confianza ciudadana en la Función Judicial.
Además, se solicita que se disponga que el Presidente de la República se comprometa a que ninguna autoridad de la Función Ejecutiva emita comunicaciones orientadas a incidir en una causa judicial, debiendo tener presente que cualquier pronunciamiento, acorde a estándares internacionales, solo se puede realizar una vez dictada la decisión definitiva, siempre que se cite y recurra a las fuentes oficiales.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
