El Consejo de la Judicatura (CJ), en virtud de su potestad constitucional de velar por la eficiencia de la Función Judicial, expresa su preocupación por la disposición de la Policía Nacional de rotar el personal de investigación que venía prestando sus servicios en la Fiscalía General del Estado, organismo que ha advertido la incidencia de esta decisión en el normal desempeño de sus funciones, en varias causas de su conocimiento.

En este sentido, es deseable que las instituciones del Estado que colaboran con los organismos judiciales mantengan una comunicación permanente a fin de cumplir eficazmente sus obligaciones para con la sociedad. Una acción aislada podría ocasionar el detrimento de la potestad de administrar justicia en los distintos ámbitos y competencias de las entidades que ejercen esta misión. Por lo que cada organismo de la Función Judicial se encuentra predispuesto a realizar toda coordinación interinstitucional que se requiera para asegurar una acertada toma de decisiones.

Así, para cumplir los deberes constitucionales y legales atribuidos al Poder Judicial, es necesario que todas las dependencias públicas brinden su apoyo y, de ser el caso, revisen sus actuaciones, pues de ello depende la garantía de su independencia y la protección de los derechos de las y los ecuatorianos, lo que, se entiende, es el objetivo fundamental de toda autoridad.

En este contexto, el CJ respalda la postura institucional de que la Fiscalía General del Estado tenga las garantías estatales para realizar su trabajo.

CONSEJO DE LA JUDICATURA