El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), con la presencia de la Presidenta, María del Carmen Maldonado; y. los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo y Fausto Murillo Fierro; además del Director Jurídico, Santiago Peñaherrera, acudieron, este 27 de octubre, a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional para informar las acciones adoptadas por la institución en el caso de los niños víctimas de violencia, del cantón Naranjal, provincia de Guayas.
En su intervención, la doctora Maldonado indicó que las medidas del CJ, en el marco de su cuarto eje de gestión Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, fueron oportunas y acertadas.
La Presidenta Maldonado aclaró que el CJ, para iniciar un sumario disciplinario por error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, requiere una denuncia y una declaratoria jurisdiccional previa, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) 3-19-CN/20.
Explicó que el CJ actuó de manera inmediata ya que, mediante la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión, se activó como parte de la Mesa Emergente donde se analizaron acciones en este caso. También emitió la medida preventiva de suspensión contra los agentes fiscales quienes participaron en el proceso judicial por violencia extrema en contra de los niños de Naranjal, tras la declaración previa de manifiesta negligencia por parte de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
Con base en la denuncia presentada por la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas (AMAG), el CJ pidió la mencionada declaratoria jurisdiccional previa.
La Presidenta del CJ recordó que en este caso se actuó con la celeridad que se necesita para proteger los derechos y el interés superior de los niños que fueron víctimas de agresiones y que el Estado está obligado a observar.
Asimismo, señaló que la institución rechaza todo tipo de violencia, más aún cuando esta es ejercida contra niñas, niños y mujeres. Indicó que el CJ dispuso 40 sanciones contra operadores de justicia que no efectuaron bien su labor en temas de violencia sexual.
De su parte, el vocal Fausto Murillo explicó que la potestad disciplinaria del CJ está sujeta a una declaratoria jurisdiccional previa debidamente motivada y al desarrollo del procedimiento disciplinario que puede establecer inocencia o culpabilidad. “Esa es la realidad jurídica a la que estamos sometidos”, dijo.
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