Con el propósito de promover un modelo institucional participativo, el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Fundación de Ayuda por Internet (Fundapi) trazaron una hoja de ruta para la creación de la Política de Justicia Abierta en Ecuador.

El acuerdo se concretó a través de la suscripción de un Acta Compromiso, liderada por la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo Aldaz, y el director ejecutivo de Fundapi, Eduardo Bejar.

Esta iniciativa se enmarca en el Tercer Plan de Acción de Estado Abierto Ecuador y tiene como fin integrar a la sociedad civil en la toma de decisiones, garantizando así la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. El impulso de estos mecanismos es una prioridad para el Pleno de la institución.

Durante la jornada, la presidenta destacó la trascendencia de esta política pública para la transformación institucional. «La justicia ecuatoriana tiene la oportunidad de fortalecer sus capacidades, mejorar sus procesos, ampliar sus canales de escucha y consolidar una relación más directa con la ciudadanía».

Asimismo, enfatizó que esta política no expone a la institución a presiones, sino que construye una justicia más clara y fuerte en su independencia para recobrar la confianza ciudadana mediante resultados y procesos verificables. 

En ese mismo sentido, el director ejecutivo de Fundapi, Eduardo Bejar, enfatizó la viabilidad del proyecto y manifestó que este proceso busca construir un plan con acciones concretas que se pueda implementar en la Función Judicial.

El acto protocolario contó con la presencia de autoridades que asistieron en calidad de testigos de honor, entre ellos el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez; el defensor público general del Estado, Ricardo Morales; el subsecretario general de Gestión Gubernamental de la Presidencia de la República, César Bajaña; y el cofundador de la fundación Datalat, Julio López.

De igual forma, acompañaron la firma aliados estratégicos como el director de Gobierno Abierto de la Presidencia, Daniel Quiroga, y la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alicia Arias. Por parte del Consejo de la Judicatura, asistieron el director general, Jorge Maruri, y el director nacional de Transparencia de Gestión, Roberto Guzmán.