Quito, 9 de julio de 2026.
Consejo de la Judicatura y Ministerio del Interior fortalecerán la seguridad de usuarios y servidores judiciales a escala nacional
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, y el ministro del Interior, John Reimberg, suscribieron, el 09 de julio de 2026, un convenio interinstitucional clave para robustecer la seguridad en las dependencias judiciales a escala nacional. Esta alianza estratégica busca implementar acciones coordinadas que protejan a jueces, servidores judiciales y usuarios, garantizando el normal funcionamiento y la continuidad del sistema de justicia.
Esta cooperación se desarrolla bajo un marco de respeto al principio de independencia y autonomía de las funciones del Estado, asegurando que el trabajo conjunto se realice en estricto cumplimiento de las competencias constitucionales y las responsabilidades específicas de cada institución.
El acuerdo establece mecanismos técnicos para la asignación progresiva y focalizada de hasta 200 servidores policiales en complejos judiciales, unidades de base, la Corte Nacional de Justicia y otras sedes que lo requieran. Dicho despliegue se realizará de manera priorizada, sustentado en informes de riesgo y evaluaciones de la disponibilidad operativa de la Policía Nacional.
Durante la suscripción del documento, la doctora Caicedo resaltó que la Función Judicial asume con firmeza los desafíos actuales en materia de seguridad. Indicó que este convenio optimiza de forma técnica las condiciones de protección de las dependencias judiciales y de quienes acuden a ellas diariamente. “La justicia no puede funcionar con miedo. La justicia debe funcionar con independencia, con integridad y con seguridad”, señaló.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó el valor de este esfuerzo articulado del Estado, subrayando que la seguridad y la justicia deben caminar de la mano para enfrentar la criminalidad organizada.
El convenio interinstitucional tendrá una vigencia de tres años e incluye un esquema de evaluaciones semestrales. Este seguimiento periódico permitirá analizar el impacto de las medidas, perfeccionar la coordinación operativa y ajustar el número de efectivos según las necesidades que se identifiquen en el territorio.