El Consejo de la Judicatura (CJ) intensifica acciones para impedir que la prescripción y la impunidad afecten los procesos disciplinarios a escala nacional.

En sesión ordinaria Nro. 064-2026, desarrollada este 27 de mayo, las autoridades conocieron un informe detallado sobre los 1005 expedientes disciplinarios que actualmente reposan en las Direcciones Provinciales de la institución y que prescribirán hasta diciembre de 2026.

Como parte de las medidas adoptadas, el Pleno también conoció un cronograma de trabajo orientado a evacuar los procesos administrativos que se remitan a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por ello, se realizarán entre ocho y 13 sesiones cada mes, hasta finalizar este año. El objetivo es agilizar su tramitación y garantizar respuestas oportunas a la documentación que ingresa a la Subdirección de Control Disciplinario.

Estas acciones fortalecerán el control institucional y consolidarán una política de cero tolerancia frente a la inacción administrativa. De esta forma, ningún caso quedará sin resolver y las autoridades competentes actuarán dentro de los tiempos previstos por la normativa vigente.

Adicionalmente, la presidenta Mercedes Caicedo dispuso que las Direcciones Provinciales remitan a las autoridades nacionales los procesos disciplinarios con una anticipación mínima de cuatro meses antes de su prescripción.

En esta sesión, el Pleno además dispuso el inicio de una investigación en contra del exdirector del CJ de Manabí en el área disciplinaria, R.F.G.M., quien habría provocado la nulidad de un expediente y la posterior prescripción del proceso sancionatorio. En este caso también se investigará a otros servidores que habrían participado en estos hechos.

En otro proceso, el ex director fue suspendido 30 días sin sueldo, porque ratificó la inocencia de un juez sin sustentar adecuadamente esa decisión.