Optimizar la activación y respuesta frente a casos de violencia será el eje del “Tercer Encuentro Provincial de Medidas de Protección”, organizado por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Azuay, la Universidad Católica de Cuenca y el GAD Parroquial de Turi.

El encuentro se desarrollará este viernes 29 de mayo, a las 08:30, en el Coliseo Águilas Rojas de la Universidad Católica, y reunirá a cerca de 150 representantes de instituciones vinculadas al sistema de protección de derechos. La jornada busca fortalecer conocimientos y unificar criterios de actuación para la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Uno de los temas centrales será el uso de la herramienta de Medidas de Protección, considerando que juntas de protección, tenientes políticos y comisarías pueden emitir medidas administrativas desde sus territorios. Esto permite activar acciones inmediatas sin que las víctimas deban trasladarse hasta unidades judiciales ubicadas en las cabeceras cantonales.

La capacitación también incluirá a la Policía Nacional, jueces de paz y jefaturas políticas, debido a su rol en la activación y cumplimiento de estas medidas. Mientras la Policía garantiza su ejecución, las jefaturas políticas y jueces de paz cumplen funciones de orientación y derivación de víctimas hacia las entidades competentes.

Durante la jornada se abordarán temas relacionados con violencia vicaria, violencia digital, evaluación temprana de riesgos y articulación interinstitucional para prevenir la revictimización y agilizar la atención en casos de riesgo.

El director provincial del Consejo de la Judicatura de Azuay, Ernesto Robalino, señaló que estos espacios fortalecen el trabajo coordinado entre las entidades encargadas de la protección de derechos. “Es necesario mantener protocolos claros y una respuesta articulada para garantizar atención oportuna y acceso inmediato a medidas de protección”, indicó.

El encuentro contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales vinculadas al acceso a la justicia y la protección de derechos.