A la ciudadanía:

La estructura del Estado, de acuerdo con la Constitución vigente, establece que la Función Judicial está integrada por un órgano de gobierno que es el Consejo de la Judicatura y por órganos jurisdiccionales, autónomos, administrativos y auxiliares.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Defensoría Pública (DP) son órganos autónomos de la Función Judicial y el CJ ha respetado en todo momento dicha autonomía. En tal virtud, la FGE gestiona independientemente su propio presupuesto, ejecuta y administra sus recursos financieros, determina su estructura, sin que dependa para ello del Consejo de la Judicatura (CJ).

Ante los constantes requerimientos de fiscales, el CJ manifiesta que la FGE es responsable de gestionar ante el ente rector de las finanzas públicas las partidas presupuestarias, su creación y financiamiento. Esto implicará además contar con su respectivo personal de apoyo así como el espacio físico y equipamiento tecnológico.

El CJ aclara que declaró la nulidad insanable de los concursos públicos para la designación de fiscales provinciales y para acceder a los cupos de formación para la carrera fiscal, que fueron convocados en el año 2018 por el Consejo de la Judicatura cesado, en cumplimiento de las observaciones de la Contraloría General del Estado, del CPCCS y los informes jurídicos y técnicos del CJ.

El Consejo de la Judicatura, permanentemente, ha respetado y fortalecido la autonomía de la FGE, sin obstaculizar de forma alguna el manejo de su presupuesto. Adicionalmente, ha coadyuvado en la profesionalización de los servidores fiscales.

Como órgano de gobierno de la Función Judicial en su conjunto, continuaremos en esta misma línea de trabajo, sin excusas ni dilaciones, al servicio de la ciudadanía.

CONSEJO DE LA JUDICATURA