En el marco de su primer eje de gestión “Lucha contra la corrupción”, el Consejo de la Judicatura (CJ) realizó, el jueves 25 de marzo, el primer conversatorio virtual “Ética Pública para notarios”.
El evento organizado por la Subdirección Nacional de Transparencia y Prevención para órganos autónomos y auxiliares, tuvo el respaldo académico de la Escuela de la Función Judicial (EFJ), que ha previsto realizar encuentros trimestrales. Esta capacitación contó con la presencia telemática de 115 notarios de varias provincias del país.
El objetivo de este encuentro, fue dar a conocer a las y a los notarios, los elementos necesarios para que, en el ejercicio de sus funciones, fortalezcan la imparcialidad e integridad en sus actuaciones, explicó el subdirector de Transparencia y Prevención, Hugo Cañar, al darles la bienvenida.
Por su parte, el juez Marco Aguirre, Presidente de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en su exposición analizó el entorno político-social del país, los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial y la Guía de Recursos para reforzar la integridad y capacidad judiciales.
Recordó que el sistema judicial es sujeto de cuestionamientos, por lo que es necesario cambiar esa imagen. Las normas vigentes en el país, establecen que las y los servidores judiciales deben tener una conducta ética irreprochable, caso contrario, se afecta el principio de legalidad y la confianza en el sistema judicial, advirtió.
Al referirse a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que reconocen valores como la independencia judicial, imparcialidad, integridad, igualdad, corrección, competencia y diligencia, explicó que estos son aplicables a todo el sistema de justicia, así como a las y los servidores judiciales, incluso a aquellos que forman parte de los órganos auxiliares, a fin de garantizar una actuación honesta y la calidad del servicio de justicia.
Fue enfático en señalar que “ser éticos es una necesidad imperiosa para combatir la corrupción y para fortalecer el desarrollo de la sociedad y de las libertades”. Cuando fallan todas las protecciones, una judicatura de integridad inobjetable garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad, manifestó.
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