Quito, 10 de abril de 2025
Vocal Solanda Goyes socializa la resolución de creación de las dependencias especializadas en materia Constitucional

Este jueves 10 de abril de 2025, la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes, participó como ponente principal en la Mesa Redonda “Socialización de la Resolución de la Creación de las Dependencias Judiciales Especializadas de lo Constitucional a Nivel Nacional”. El evento se desarrolló en el Paraninfo “Ché Guevara” de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.
La actividad académica, organizada de forma conjunta con ese centro de estudios superiores, tuvo como objetivo generar un espacio de análisis en torno a la implementación de la Resolución 006-2025, aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Ese documento establece la creación de unidades judiciales especializadas en materia constitucional, en cumplimiento de la consulta popular de abril de 2024, a través de la cual se dispuso fortalecer la tutela efectiva de los derechos constitucionales.
La vocal Goyes expuso los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan la resolución, destacando el proceso de análisis del dimensionamiento judicial realizado por el CJ. Este incluyó criterios como la carga procesal actual y proyectada, el número óptimo de jueces, la conformación de equipos jurisdiccionales y administrativos, así como la disponibilidad presupuestaria para garantizar la operatividad eficiente de las nuevas dependencias.
Asimismo, explicó la distribución geográfica de estas unidades y salas distritales especializadas, priorizando zonas con alta demanda de causas constitucionales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia en condiciones de equidad, oportunidad y calidad.
La jornada contó con la participación activa de docentes, estudiantes y autoridades académicas de la Facultad de Jurisprudencia, quienes intercambiaron inquietudes y aportes sobre la implementación de este nuevo modelo de justicia constitucional.
Con estas acciones, el Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso con la consolidación de un modelo jurisdiccional que garantice de forma efectiva los derechos constitucionales de las y los ciudadanos.