“Es un tiempo difícil, de pruebas y retos, pero también es una oportunidad para consolidarnos como Institución, ya que a pesar de las circunstancias se ha cumplido los objetivos. Ahí está el mérito de un equipo de trabajo, no solo de esta Unidad sino de toda la Dirección Provincial», Soraya Silva, coordinadora de la Unidad Provincial Financiera.

La Unidad Financiera garantiza los recursos para la adquisición de los bienes y servicios que requiera la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura (CJ) y que éstos sean distribuidos de manera adecuada y ejecutados oportunamente.

9 servidores y servidoras laboran en la Unidad, que está conformada, a su vez, por las siguientes sub-áreas para cumplir con los objetivos y metas financieras de la Dirección Provincial:

Presupuesto, maneja y distribuye los recursos financieros.

Contabilidad, encargada del tema de declaraciones de impuestos, nóminas y gastos de personal.

Tesorería, realiza ingresos de autogestión. Registra y reporta las multas que se cobran en unidades judiciales y juzgados. Trabaja con las notarías, supervisa que su participación al Estado sea reportada a tiempo y que el manejo sea adecuado.

La Unidad Financiera además se encarga de monitorear las Pagadurías, básicamente con respecto a pensiones alimenticias, en un trabajo coordinado con la Dirección Nacional Financiera del CJ.

Cada año se realiza una planificación con respecto al próximo ejercicio fiscal, en ese sentido trabajan en conjunto con la Unidad Provincial de Planificación.

Ante el ajuste del presupuesto del Estado, la Unidad se mantiene optimista con respecto a los objetivos por cumplir para 2016. 

“El año pasado a pesar de las circunstancias siempre se contó con el respaldo del CJ y los pares nacionales, quienes realizaron otras asignaciones para poder sustentar los proyectos de una de las provincias más grandes e importantes del país. Se alcanzaron prácticamente todas las metas planteadas, logrando un 98,12 por ciento de ejecución presupuestaria”, resaltó Silva.

Actualmente, hacen visitas a las unidades judiciales para verificar el manejo adecuado de depósitos que se movilizan a través de las cuentas de cada una de las dependencias.

Asimismo se acude a las notarías para corroborar los informes y registros de la declaración de ingresos por concepto de participación al Estado.

Entre sus nuevos proyectos, se prevé, que para el mes de febrero, se inicie el proceso de facturación del servicio de mediación, para lo que se ha solicitado al SRI, se habilite puntos de emisión y facturación con el fin de optimizar el tiempo y recursos de los usuarios, así como evitar traslados innecesarios.

Los puntos se ubicarían en: el Centro de Mediación del Complejo Judicial Cayambe; Unidad Judicial Tercera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Programa Nacional de Mediación y Cultura de Paz y Subdirección de Centros de Mediación. 

“El área financiera es el principio y el final de todos los procesos de contratación de bienes y servicios. Se atiende las necesidades institucionales con base en la disponibilidad presupuestaria y la planificación aprobada por el CJ para cada ejercicio fiscal. No son sólo recursos, es la manera de ejecutarlos y solventar vicisitudes para cumplir los objetivos”, resaltó la coordinadora.