Quito, 4 de septiembre de 2025
Se expide Reglamento de trámite notarial para la salida del país de niñas, niños y adolescentes
El Consejo de la Judicatura (CJ) expidió, este 4 de septiembre de 2025, el procedimiento que se deberá cumplir al momento de tramitar, en las notarías, la autorización de salida del país de niños, niñas y adolescentes (NNA).
El documento, que contiene 12 artículos, fue aprobado con los votos de las vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y del presidente Mario Godoy, reunidos en sesión ordinaria Nro. 076-2025.
El Reglamento detalla paso a paso el procedimiento que deben seguir los peticionarios y los notarios:
| Usuarios | Quienes tramiten la salida del país de NNA están obligados a presentar un formulario que estará publicado en la página www.funcionjudicial.gob.ec. |
| Notarios | Verificarán la presentación del formulario. |
| Realizarán las entrevistas con los comparecientes y las registrarán en el Sistema Informático Notarial (SIN). | |
| Suscribirán el acta notarial en el que el padre, madre o ambos autorizan la salida del país. | |
| Tomarán las huellas dactilares y fotografías de los comparecientes e incorporarán el acta notarial al libro de protocolo. | |
| En el acta notarial que contenga el permiso de salida del país se incorporará cualquiera de las siguientes seguridades adicionales: holograma de seguridad, código QR, sello seco o cualquier otro medio que permita verificar la autenticidad del documento. |
Este Reglamento es producto del trabajo que inició luego de que el CJ fuera alertado sobre presuntos casos irregulares relacionados con la salida del país de NNA. Las aparentes acciones u omisiones en los trámites facilitaban que se configuren posibles delitos de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.
Por ello, se instalaron mesas de trabajo con entidades gubernamentales y no gubernamentales que combaten este tipo de delitos y se concretaron acciones para contrarrestar esta problemática.
Así se hace prevalecer el interés superior del niños, niñas y adolescentes, garantizando la seguridad jurídica y minimizando el riesgo de cualquier vulneración de los derechos humanos.