A través de esta medida, la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado,
ha suspendido en el ejercicio de sus cargos a servidores involucrados en casos de corrupción y violencia.
La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Maria del Carmen Maldonado, destacó la importancia de mantener la facultad de emitir medidas preventivas de suspensión en contra de servidoras y servidores judiciales que presuntamente han cometido infracciones graves y gravísimas en el ejercicio de sus cargos.
En rueda de prensa realizada este 12 de enero, María del Carmen Maldonado expresó su preocupación ante la posibilidad de que se declare inconstitucional esta competencia del CJ.
Recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial faculta a la Presidenta del CJ a emitir dichas medidas de manera excepcional, preventiva y motivada, cuando se presuma la existencia de hechos que ameriten su adopción.
En un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía respecto del uso de esta facultad, explicó que en el año 2019 emitió cinco medidas preventivas de suspensión; en el año 2020, ocho; y, en 2021, fueron 16.
Citó que la suspensión se aplicó en casos necesarios y trascendentales, como son los siguientes: Querubín; Niños de Naranjal, la muerte de Naomi Arcentales; el sorteo de las acciones de protección que presentó el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; y otro contra un psicólogo acusado de abuso sexual a usuarias del servicio de justicia de la Unidad Judicial de Lago Agrio.
En este sentido, realizó un énfasis especial en el objetivo de esta medida, que es evitar un perjuicio a los usuarios del sistema de justicia. “Es algo temporal y no dura más de 90 días. Se trata de una suspensión y no es una sanción”, manifestó.
La Presidenta Maldonado sostuvo que esta facultad disciplinaria es necesaria y sería un desacierto retirarla. “Porque necesitamos separar al servidor para que pueda, en un proceso penal o disciplinario, defenderse sin estar en condiciones de poder influir en otros servidores”, señaló.
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