En las unidades judiciales de Imbabura que conocen casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, el servicio de primera acogida garantiza atención inmediata, confidencial y segura a las víctimas.

En este espacio, personal especializado escucha a la persona afectada, orienta sobre sus derechos, recepta la denuncia y aplica la ficha de valoración de riesgo. Con estos insumos, las y los jueces dictan medidas de protección oportunas para salvaguardar su integridad. El proceso se complementa con el trabajo de equipos técnicos conformados por profesionales en psicología, trabajo social y medicina, quienes emiten informes que respaldan las decisiones judiciales.

En 2025 se registraron 4.121 causas por violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en la provincia, cifra que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención.

El director provincial del Consejo de la Judicatura de Imbabura, Hugo Imbaquingo, destacó que el objetivo es asegurar una respuesta integral desde el primer contacto con el sistema judicial. “Buscamos que cada persona reciba atención oportuna, empática y profesional, evitando la revictimización y priorizando su protección”, afirmó.

Las denuncias pueden presentarse en cualquier unidad judicial de la provincia, donde se activan de inmediato las medidas previstas en la ley.