Babahoyo, 8 de mayo de 2026.
Presidenta del Consejo de la Judicatura inició evaluación de gestión territorial para mejorar la atención a la ciudadanía
Como parte de una estrategia de gestión en territorio, orientada a recuperar la confianza ciudadana en la justicia, la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo Aldaz, recorrió este viernes 8 de mayo de 2026, varias dependencias judiciales de Babahoyo para constatar las condiciones en las que se brinda el servicio judicial en la provincia de Los Ríos.
La visita incluyó la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, la Dirección Provincial del CJ y la Unidad Judicial Penal de Babahoyo, donde dialogó con jueces, servidores judiciales, personal administrativo y usuarios del sistema judicial para conocer las principales necesidades y dificultades que enfrentan diariamente.
Durante el recorrido se verificó el estado de la infraestructura, las condiciones de atención ciudadana, seguridad y funcionamiento de las dependencias judiciales.
“La transformación de la justicia se construye en territorio, escuchando a la ciudadanía y atendiendo las necesidades reales de usuarios y servidores judiciales”, afirmó la Presidenta.
Advirtió que la infraestructura judicial atraviesa una crisis a escala nacional y señaló que apenas el 10% de edificios se encuentra en buenas condiciones.
“Existen edificios deteriorados, espacios inadecuados y problemas que afectan directamente la atención a la ciudadanía. Vamos a actuar con firmeza y gestión para transformar esta realidad”, enfatizó.
Asimismo, se impulsará la coordinación con las instancias correspondientes del Estado y la cooperación internacional para asegurar la inversión necesaria en infraestructura judicial. El objetivo es garantizar servicios dignos, eficientes y seguros, reafirmando el compromiso con la protección integral de los jueces y servidores judiciales.
En este marco, la Presidenta del Consejo de la Judicatura mantuvo un encuentro con jueces provinciales, con quienes acordó articular acciones técnicas con el Ministerio del Interior para robustecer los protocolos de seguridad y vigilancia que requiere el ejercicio de la magistratura