En sesión extraordinaria Nro. 103-2026, desarrollada este 27 de julio de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) analizó expedientes disciplinarios y adoptó las siguientes decisiones: 

Suspensión

Las autoridades suspendieron, por un período máximo de tres meses y sin remuneración, a los jueces de la Sala Especializada de lo Penal para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, S.V.V., W.C.A. y B.U.A.

De acuerdo al análisis realizado, los juzgadores, presuntamente, se extralimitaron en sus funciones al analizar aspectos de fondo de una causa penal cuando únicamente debían pronunciarse sobre los requisitos de la prisión preventiva. Es decir, incurrieron en un posible error inexcusable.

La presidente Mercedes Caicedo Aldaz aclaró que la suspensión es una medida preventiva, mientras se tramita el sumario disciplinario correspondiente. No constituye una sanción definitiva ni determina responsabilidades.

 Destitución

Las autoridades destituyeron al defensor público de Pichincha, P.O.V.G., al determinar que, sin justificación alguna, el servidor no compareció a una audiencia dentro de un proceso por tráfico de drogas, que estaba convocada para el 4 de junio de 2025.

Durante el trámite disciplinario se verificó que el funcionario fue designado oportunamente para ejercer la defensa técnica en el proceso y que recibió la notificación de la diligencia a través de los canales institucionales.

Su ausencia impidió que la audiencia se instale y puso en riesgo el proceso por cuanto estaba por vencer la prisión preventiva de una de las personas procesadas.

Ataque a unidad judicial  

La Presidenta también condenó el ataque contra una unidad judicial de Machala y dispuso el fortalecimiento de las medidas de seguridad en las dependencias judiciales, la activación inmediata de los mecanismos de coordinación con el Ministerio del Interior para reforzar la protección de la infraestructura y del personal judicial, así como la adopción de acciones para garantizar la seguridad de los vocales de la institución.