“La potestad disciplinaria es un instrumento que determina conductas de los servidores judiciales, no es un instrumento de persecución pero tampoco de impunidad”. Fausto Murillo Fierro.

Este miércoles 13 de abril, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para exponer su postura frente a la actuación de un Tribunal Penal de Pichincha sobre las medidas cautelares para la Presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

El Presidente del organismo, Fausto Murillo[1]  Fierro, expuso las competencias del CJ como órgano disciplinario y de gobierno de la Función Judicial. Reiteró que la institución mantiene el respeto irrestricto a la independencia de las funciones del Estado y del ámbito jurisdiccional. “El Consejo de la Judicatura, en su potestad disciplinaria, jamás puede juzgar o determinar si la decisión de un juez está bien, es acorde a la ley, a la Constitución o a los hechos y a las circunstancias procesales”.

Las autoridades judiciales aclararon que la potestad disciplinaria, en casos de manifiesta negligencia, error inexcusable o dolo, solo puede activarse con una denuncia y con una declaratoria jurisdiccional previa del órgano superior.

En este marco, la Vocal Maribel Barreno dijo que cuando existan declaratorias previas jurisdiccionales “actuaremos conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial, en lo que corresponde al control disciplinario».

La importancia de las evaluaciones

Durante la comparecencia, el Vocal Juan José Morillo señaló la importancia de contar con evaluaciones transparentes a los jueces, lo que permitiría tener un verdadero cambio en el sistema judicial.

De su lado el Vocal Xavier Muñoz recordó que los actuales jueces fueron seleccionados en concursos anteriores y, garantizó que todas las evaluaciones que realiza la actual gestión son «para que queden los mejores y salgan quienes no aportan».