En sesión ordinaria Nro. 116-2026, realizada este 18 de agosto de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró la nulidad total insanable del “Concurso Público de Méritos, Oposición, Impugnación Ciudadana y Control Social para conformar los Bancos de Elegibles de la Carrera Judicial Jurisdiccional a nivel nacional”, de 2024.

La decisión se adoptó tras conocer los informes técnico y jurídico que identificaron una serie de irregularidades durante el proceso. Entre ellas, se determinó que la convocatoria se realizó sin definir las vacantes reales de jueces que debían cubrirse y sin contar con la respectiva certificación presupuestaria.

Además, el cronograma fue modificado sin el sustento de un informe técnico que justifique su ajuste por razones de fuerza mayor o caso fortuito, pese a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado para garantizar estabilidad, transparencia e igualdad en los concursos de méritos y oposición.

Durante la etapa de verificación de requisitos se identificaron observaciones relacionadas con determinados documentos presentados por los postulantes, particularmente respecto de la carta motivada y el formulario de conflicto de intereses.

Los informes concluyeron que estas anomalías afectaron los principios de igualdad, seguridad jurídica y transparencia que deben regir un concurso público de esta naturaleza.

Ante estos hechos, el Pleno dispuso que se solicite a la Contraloría General del Estado el inicio de un examen especial.

La resolución también será remitida a la Dirección Nacional de Transparencia y a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, a fin de que realicen las investigaciones correspondientes y determinen las responsabilidades de quienes, por acción u omisión, provocaron dicha nulidad.

Como parte de estas investigaciones, se analizarán las actuaciones de quienes en ese entonces ejercían los cargos de Director General del CJ, Directora Nacional de Talento Humano y Director Nacional de Asesoría Jurídica, así como de los demás servidores judiciales que pudieran tener responsabilidad en las irregularidades detectadas.