El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó el 6 de agosto de 2026, el Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial, una herramienta que fortalece la protección de jueces y demás servidores judiciales frente a amenazas derivadas del crimen organizado y otros riesgos que enfrenta la administración de justicia.

El plan establece un procedimiento para atender y dar seguimiento a las solicitudes de seguridad, un instructivo de protección individual, una guía técnica para aplicar teletrabajo en situaciones de riesgo, un protocolo de primeros auxilios psicológicos y un programa nacional de capacitación en autocuidado y prevención.

Además, fortalece la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el ECU 911 para mejorar la respuesta institucional ante amenazas.

Como parte de la resolución, la Dirección General aprobará el procedimiento interno de atención y seguimiento de solicitudes de seguridad para funcionarios.

La Escuela de la Función Judicial ejecutará el programa de capacitación en todo el país, mientras que la Dirección Nacional de Planificación realizará el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los indicadores previstos en el Plan, con el fin de que su aplicación sea efectiva y las medidas de protección respondan oportunamente ante los riesgos que enfrentan los servidores.

La medida se adoptó a partir de un diagnóstico nacional que identificó, por ejemplo, que 127 servidores judiciales han recibido amenazas y 23 fueron víctimas de hechos de violencia.