Las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura para evitar audiencias fallidas han dado resultados positivos. La Dirección Provincial de Pichincha ha realizado un monitoreo desde enero del total de audiencias fallidas y diferidas en materia penal. Además, analizó los reportes que revelan un avance en relación a las cifras correspondientes al primer trimestre, generadas por los Tribunales y Juzgados de Garantías Penales.

En enero, febrero marzo, el porcentaje de audiencias sin realizarse fue superior al 59%, de las 701 audiencias convocadas en Tribunales de Garantías Penales; mientras que en los Juzgados de Garantías Penales no se realizaron el 53% de diligencias, de 1246 audiencias convocadas.

En abril, el total de audiencias convocadas (552 en Juzgados, y 263 en Tribunales), el 57% se realizó efectivamente en Juzgados y el 51% en Tribunales. En mayo se alcanzó un total de 66% de audiencias realizadas de 207 convocadas en Tribunales y en Juzgados un 65.51% de un total de 490 convocadas. Se prevé alcanzar un 70% de audiencias realizadas en materia penal en junio.

Estos resultados son producto de las medidas adoptadas para que los administradores de justicia apliquen la normativa vigente y sancionen a los sujetos procesales que no comparecen a las diligencias, así como las reuniones periódicas con representantes de la Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Policía Nacional, los coordinadores de Tribunales y Juzgados de Garantías Penales para la optimización de las convocatorias a las audiencias.

El Director Provincial del Consejo de la Judicatura, a cargo del Control Disciplinario, Luis Enríquez, informó que marzo, abril y mayo, no hay reportes de audiencias fallidas provocadas por la no comparecencia de los jueces en juzgados o tribunales de garantías penales.

El Consejo de la Judicatura avanza en su compromiso de erradicar la problemática de audiencias fallidas y diferidas, mediante las directrices generadas por la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias, que garantizan el agendamiento en la realización de diligencias, y de la aplicación de los mecanismos previstos tanto en el Código Orgánico de la Función Judicial como en el Código de Procedimiento Penal con el objetivo de sancionar a los responsables de esta mala práctica judicial, mediante detenciones, boletas de captura, multas, y sanciones administrativas.