Con la participación de Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), en Otavalo, provincia de Imbabura, se habilitó la Oficina del Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Este espacio que funciona en la Unidad de Violencia contra la Mujer constituye una muestra del compromiso de la institución para promover la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo y la construcción de acuerdos.

A propósito del Día Nacional de la Mediación, que se conmemora este 4 de septiembre, en Ibarra, capital de la provincia, se desarrolló una sesión solemne que contó con la presencia de autoridades de la Función Judicial, representantes locales y ciudadanía en general.

Durante la ceremonia se resaltó que la mediación es un camino hacia la paz, ya que a través de ella se resuelven conflictos con base en el diálogo, evitando procesos judiciales largos y costosos, lo que representa un importante ahorro para el Estado.

En la sesión, desarrollada el miércoles 3 de septiembre, se realizó un reconocimiento a los mediadores de la provincia, quienes trabajan diariamente en la búsqueda de soluciones justas y equitativas, consolidando una cultura de paz social.

En su intervención, la vocal Yupangui destacó que la justicia no se limita a las sentencias judiciales, sino que también se construye con el respeto mutuo y la capacidad de escuchar para encontrar soluciones conjuntas.

“Apostamos por centros de mediación cada vez más cercanos a la ciudadanía, con profesionales capacitados, con procesos transparentes y accesibles, y con el reconocimiento muy merecido a quienes hacen posible esta actividad. La mediación nos recuerda que siempre existe la posibilidad de volver a encontrarnos, de ceder, de comprender y de tratar de convivir en paz”, mencionó la vocal.

Los resultados alcanzados en Imbabura demuestran la efectividad de la mediación: entre julio de 2024 y julio de 2025 se resolvieron 2659 casos, lo que generó una optimización de recursos para el Estado que supera los USD 1’177 937.

La mediación se ratifica como un servicio gratuito, eficiente y cercano a la ciudadanía, que garantiza el acceso a la justicia, promueve la convivencia pacífica y contribuye a la descongestión del sistema judicial.