La construcción del Primer Plan de Justicia Abierta Período 2021-2023, que impulsa el Consejo de la Judicatura (CJ), tiene como principios fundamentales la colaboración y la participación de distintos actores de la sociedad civil.

Este viernes 19 de febrero de 2021, se cumplió la segunda jornada del Taller de cocreación Primer Plan de Justicia Abierta organizado por la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del CJ, con la asistencia de Aracelly Calderón, representante de la Fundación Esquel para los temas de gobierno abierto, y de la doctora Mariana Torres, presidenta nacional de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador (AMAE).

El objetivo de este taller es intercambiar criterios y recopilar observaciones que permitan perfeccionar este Plan cuyo propósito es transparentar la información para impulsar una justicia eficaz, fomentar la paz social y fortalecer la democracia.

Durante el taller, el Subdirector Nacional de Transparencia del CJ, Hugo Cañar, indicó que la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial en su Disposición Transitoria Tercera dispuso que se implemente la Justicia Abierta y por ello este proyecto tiene como principios fundamentales la transparencia, la participación y la colaboración.

De igual manera, las participantes conocieron en qué consiste el Plan, la base legal nacional e internacional en que se sustenta y las líneas generales de acción, así como el trabajo desarrollado por el Consejo de la Judicatura en torno a la Justicia Abierta.

En su intervención, Aracelly Calderón, de la Fundación Esquel, dijo que este plan es crucial para lograr que la ciudadanía tenga el acceso a la justicia de manera ágil, por ejemplo, en temas relacionados con la violencia de género e intrafamiliar. “Es fundamental que las organizaciones que apoyan a las mujeres y a la familia conozcan el trabajo importante que se viene realizando y los mecanismos que agiliten el acceso a la justicia”, manifestó.

Este taller inició el pasado jueves, con la asistencia de representantes de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, entre otros, quienes también expresaron sus observaciones al Primer Plan de Justicia Abierta.