La implementación de canales de comunicación directa entre jueces y cabildos, la coordinación territorial y el fortalecimiento de mecanismos interinstitucionales para atender casos de violencia fueron los principales acuerdos alcanzados durante la Mesa Provincial de Pluralismo Jurídico, desarrollada este 16 de octubre de 2026, en Nabón, bajo el liderazgo del Consejo de la Judicatura (CJ).

El encuentro reunió a autoridades judiciales, representantes de instituciones públicas, cabildos y dirigentes comunitarios, con el propósito de fortalecer la articulación entre la justicia ordinaria y la indígena, desde el respeto a sus competencias, principios y particularidades culturales.

María Rosa Cabrera, subdirectora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, destacó la importancia del diálogo multidisciplinario e interdisciplinario para construir mecanismos de coordinación efectivos entre ambos sistemas de justicia.

En esta línea, Lenin Ramírez, director provincial del CJ de Azuay, señaló que el pluralismo jurídico requiere voluntad, respeto y cooperación para superar barreras, promover la equidad y contribuir a una convivencia armónica.

Durante la jornada, los participantes analizaron las rutas de actuación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y las comunidades, con especial atención a la articulación institucional para abordar situaciones de violencia y garantizar una atención coordinada.

Entre las propuestas también constan ampliar la participación de los cabildos y dirigentes comunitarios en futuros encuentros, desarrollar espacios de diálogo en territorio y vincular a la Universidad Católica de Cuenca como articuladora para facilitar el intercambio de información entre los sistemas de justicia.

La presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Nabón, Janina Godoy, resaltó la importancia de proteger los derechos de la población indígena, respetando su historia, cultura y formas de organización comunitaria. Como parte del encuentro, Narcisa Punín dirigió una ceremonia ancestral que precedió al trabajo de las mesas de diálogo.

Estos acuerdos buscan consolidar mecanismos de cooperación entre la justicia ordinaria y la indígena, fortalecer el diálogo intercultural y promover una atención que responda a las necesidades y realidades de las comunidades.