El Consejo de la Judicatura impulsa la construcción participativa de una Política de Justicia Abierta para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la Función Judicial.

Más de 600 actores de distintos sectores de la sociedad participaron en este proceso. Las mesas de trabajo presenciales se desarrollaron en Quito, Riobamba, Tena, Guayaquil, Manta, Cuenca y Loja, con la participación de 618 personas de la comunidad jurídica, sociedad civil, academia, gremios profesionales, organismos de cooperación internacional, ciudadanía y sector privado.

Los encuentros permitieron identificar desafíos, necesidades para modernizar los servicios. Entre las propuestas planteadas durante las jornadas consta la actualización del modelo de funcionamiento de las unidades multicompetentes, a fin de garantizar el principio de especialidad.

El proceso también incorporó mecanismos de participación digital. A través de un formulario en línea se recibieron 355 sugerencias.

La construcción de esta política es promovida por el Consejo de la Judicatura e implementada por la Fundación de Ayuda por Internet (Fundapi), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Ecuador) y el Gobierno de Canadá.

En este marco, Eduardo Béjar, director ejecutivo de Fundapi, explicó que durante las jornadas se recopilaron aportes ciudadanos que serán incluidos en la construcción de la política y el plan de acción. Entre ellos: acceso a la justicia e información pública; integridad, modernización y transformación digital, coordinación interinstitucional.

Por su parte, Tito Livio Mendoza, presidente del Colegio de Abogados de Manabí, destacó la iniciativa impulsada por la actual administración del Consejo de la Judicatura, que promueve espacios de diálogo y participación con los distintos actores del sistema.

La actual administración del CJ, presidida por la doctora Mercedes Caicedo, ha destacado que esta iniciativa tiene el objetivo de consolidar su independencia y transparencia, sobre la base de procesos y resultados verificables que contribuyan a recuperar la confianza de la ciudadanía.