Con el objetivo de fortalecer la administración de justicia con enfoque de género, la ciudad de Latacunga acogió el foro académico “Unificación de criterios jurídicos para la aplicación de la perspectiva de género en la justicia”, evento que reunió a autoridades del sistema judicial y representantes de organismos nacionales e internacionales.

La jornada se realizó este lunes 9 de junio, en el Salón Auditorio del Centro de Atención Ciudadana y en él estuvo la doctora Solanda Goyes, Vocal del Consejo de la Judicatura; José Gabriel Terán, director jurídico de la Corte Nacional de Justicia; y Fabián Chávez Zambrano, fiscal provincial de Cotopaxi, como ponentes.

Durante el foro, se abordaron temas relacionados con la interpretación y aplicación uniforme de normas en casos de violencia basada en género. Esto fue producto de un proceso participativo de consulta jurídica con jueces y juezas de instancia, respaldado por los presidentes de las cortes provinciales de justicia del país.

Entre los temas analizados por las autoridades judiciales se destacan:

• La competencia de jueces y juezas especializadas en violencia contra la mujer y el núcleo familiar, particularmente en el control judicial de medidas de protección fuera del ámbito familiar.
• La necesidad de establecer parámetros claros sobre la temporalidad de medidas administrativas de protección para víctimas de violencia.
• El tratamiento del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad como delito pluriofensivo, en el marco de medidas de protección.

En su intervención, la vocal Solanda Goyes destacó que la unificación de criterios jurídicos constituye un paso fundamental para garantizar mayor seguridad jurídica, coherencia institucional y una atención más efectiva a las víctimas. “El sistema judicial requiere reglas claras y uniformes para atender con sensibilidad y rigor los casos de violencia basada en género”, sostuvo.

El foro fue un espacio de análisis técnico, pero también de reflexión institucional sobre los avances y desafíos en la consolidación de una justicia más equitativa y con enfoque de derechos.

La participación de operadores de justicia, representantes de instituciones públicas, estudiantes y organizaciones sociales enriqueció el diálogo y reafirmó el compromiso de la Función Judicial con la protección integral de las víctimas.