Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo de la Judicatura (CJ) y la Corte Nacional de Justicia expusieron las acciones que se ejecutan para garantizar la independencia judicial y la protección de los servidores judiciales en el país.

La audiencia, desarrollada en el marco del 197.º Período de Sesiones de la CIDH, contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil. En representación del CJ, la directora de Acceso a los Servicios de Justicia, María Isabel Espinosa, presentó los avances del Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial. Entre las medidas destacó:

• La implementación del botón de alerta con geolocalización para respuesta interinstitucional inmediata;
• La activación de protocolos de teletrabajo ante situaciones de riesgo;
• Y la creación de la Unidad de Alertas Tempranas, para monitorear y disuadir posibles injerencias en procesos vinculados al crimen organizado y la corrupción.

Asimismo, la representante del CJ explicó que a través de la Resolución 187-2026, el Consejo aumentó el número de jueces especializados para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, de 19 a más de 50. De este modo, se garantiza la ampliación de la capacidad de respuesta judicial, manteniendo la especialidad.

Por su parte, Paulo Flores Muñoz, en representación de la Corte, detalló el funcionamiento del formulario único de solicitud de análisis de riesgo personal, herramienta que permite que el Ministerio del Interior y la Policía determinen técnicamente las medidas de protección idóneas, mientras que el Consejo de la Judicatura asume el seguimiento, articulación y apoyo logístico.

Con esta comparecencia, la Función Judicial ratificó ante el organismo internacional su compromiso de atender las alertas planteadas y de fortalecer los mecanismos de protección con acciones técnicas, para que la justicia en Ecuador se administre con independencia, imparcialidad y con respaldo a la integridad de sus servidores.