Más de 2,7 millones de ecuatorianos, en su mayoría de las zonas rurales del país, tienen a su alcance la Justicia de Paz, sistema a través del cual se han resuelto 17 600 casos relacionados con convivencia vecinal, linderos, contratos, deudas menores y otras controversias comunitarias, sin la necesidad de un juicio.

El balance se presentó, este lunes 21 de septiembre, en la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) durante el encuentro “Raíces de Paz 2026”, en el que el Consejo de la Judicatura (CJ) reconoció el trabajo de los 400 juezas y jueces de paz que atienden en 250 parroquias y 109 cantones del país.

El director general del CJ, Jorge Maruri, destacó la importancia de garantizar que este servicio siga creciendo en el territorio nacional. “Nuestro desafío es conseguir que más ecuatorianos conozcan y utilicen esta alternativa”, señaló.

Los jueces de paz, elegidos por sus propias comunidades, aplican el diálogo, la conciliación y la equidad respetando las dinámicas y costumbres locales.

USD 12 millones de ahorro para el Estado

Además del impacto social, el modelo aporta a la eficiencia de los recursos públicos. Cada caso resuelto mediante este sistema representa un costo promedio de USD 70, frente a los USD 675 de un juicio ordinario. Esto ha generado un ahorro fiscal acumulado de cerca de USD 12 millones, entre 2014 y 2026.

La jornada concluyó con un reconocimiento a la trayectoria comunitaria de los jueces de paz David Vásquez (Imbabura), Arturo Capa (Sucumbíos), Harold Zambrano (Pastaza) y Blanca Tatamues (Carchi), referentes de la convivencia pacífica en sus territorios.