Expertos coinciden en que se deben garantizar los derechos de los jóvenes infractores a la rehabilitación y reinserción social.

Autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ), juezas y jueces de Garantías Penales de Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja e Imbabura se reunieron, el jueves 16 de diciembre, para tratar la situación de los jóvenes adultos que, mientras cumplen medidas socio educativas en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI), alcanzan la mayoría de edad y enfrentan nuevos procesos penales.

En el encuentro estuvieron presentes el Director General del CJ, Santiago Peñaherrera Navas; la Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, Solanda Goyes; la experta jurista, fiscal y profesora argentina, Mary Beloff; y, el psicólogo de la Fundación Tierra de Hombres, Martín Estrella, quienes, junto a las juezas y jueces, coincidieron en que se debe extender la protección a este grupo y analizaron las medidas que permitan garantizar los derechos de los jóvenes.

Santiago Peñaherrera recordó que la Constitución de la República establece que las niñas, niños y adolescentes forman parte de los grupos de atención prioritaria, por tanto merecen un tratamiento y atención especial de parte del Estado.

En la misma línea, Solanda Goyes se refirió a los instrumentos internacionales que establecen los procedimientos a seguir para estos temas, como la Convención de los Derechos del Niño. Recordó que los objetivos de la justicia juvenil son la responsabilización, restauración del daño, rehabilitación y reinserción social.

Por su parte, Mary Beloff se refirió a la protección que el Estado debe dar a las y los adolescentes y jóvenes que permanecen en los CAI, según los estándares internacionales en la materia, como la Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y cuya finalidad es la rehabilitación y reinserción en la sociedad.