Quito, 19 de junio de 2025
Juez de Cuenca que otorgó prelibertad a personas sentenciadas por asesinato, homicidio, violación y robo agravado fue suspendido
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo, al juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, G.R.C.E. La decisión se adoptó en sesión ordinaria No. 054-2025 de este 19 de junio de 2025.
La suspensión es una medida preventiva que rige mientras duran las investigaciones. Por ello, las autoridades dispusieron que el CJ del Azuay continúe de manera célere con la tramitación del sumario disciplinario abierto en contra del juzgador.
En este marco, las investigaciones determinaron que el juez habría emitido, de forma irregular, 15 informes de prelibertad a favor de personas que cumplían sentencia en firme por delitos como asesinato, homicidio, violación y robo agravado.
| Delito | Sentenciado | Pena | Observación |
|---|---|---|---|
| Violación a tres niñas | J.G.D.Y. | Pena: 25 años Pena cumplida: 10 |
El juez negó un primer pedido de prelibertad. Luego aceptó una segunda solicitud, pese a incumplir requisitos. |
| 3 condenas por asesinato | V.R.D.A. | Pena: 32 años Pena cumplida: 12 |
El juez no tomó en cuenta que el detenido mantenía procesos pendientes por narcotráfico y por ingreso de artículos prohibidos. Además, dentro del cómputo de la pena, en aplicación del principio de favorabilidad, cambió el tipo penal de asesinato por homicidio y su pena privativa de libertad pasó de 16 a 12 años. |
| Homicidio | C.V.A.F. | Pena: 10 años Pena cumplida: 6 |
Tras recibir la prelibertad, el sentenciado desapareció tres meses. Luego se le encontró y en lugar de revocar la prelibertad siguió con este beneficio. Después cometió otro asesinato. |
| Plagio de un menor | A.F.H.B. | Pena: 16 años Pena cumplida: 8 |
El sentenciado fue puesto en libertad a pesar de sus antecedentes. |
En todos los casos, los detenidos se beneficiaron de la prelibertad, pese a no existir evidencia de que se haya solicitado informes al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). De esta forma, el juez habría incurrido en la falta gravísima de error inexcusable.
Este caso fue denunciado el 17 de diciembre de 2024 por los asambleístas del Azuay, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta, Diego Matovelle y Sofía Sánchez.