Jueces y fiscales de Pichincha, participan este 17 y 18 de junio en la capacitación virtual denominada “Fortalecimiento de Capacidades Técnicas a Operadores de Justicia en Movilidad Humana, Derecho Internacional de los Refugiados y Trata de Personas”.

El taller se desarrolla en el marco del convenio de cooperación entre el Consejo de la Judicatura (CJ), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el apoyo interinstitucional e interagencial de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

A través de estas capacitaciones, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) de Pichincha, espera fortalecer las capacidades y conocimientos técnicos de las y los jueces y agentes fiscales, para, en concordancia con el segundo eje del Consejo de la Judicatura, propiciar un mejor servicio para la ciudadanía, principalmente en lo que respecta a movilidad humana y trata de personas.

Solanda Goyes, directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, explicó que, en estos procesos formativos, el CJ integra a operadores de justicia que toman decisiones referentes a estas problemáticas. “El propósito de este taller es generar sensibilidades en los operadores de justicia para incrementar la efectividad en la investigación y sanción de los delitos relacionados a movilidad humana”, subrayó Goyes.

Felipe Asanza, expositor del taller por la ACNUR, abordó varios casos referentes a la protección de las personas en situación de movilidad humana, así como protección internacional y su derecho al asilo. “El tratamiento a los procesos judiciales referentes a movilidad humana debe ser justo, efectivo, imparcial, ágil y en el marco del Derecho”, recalcó Asanza.

“Hago un llamado a todas y todos los asistentes a este taller, para evitar la vulneración de los derechos humanos, lo cual se verá reflejado en la actuación proba de jueces y fiscales”, enfatizó Asanza.

Con la ejecución de estas actividades, el CJ ratifica el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la estructura institucional y garantiza el acceso de la ciudadanía a los servicios de justicia, así como a una atención ágil y oportuna a los grupos de atención prioritaria.