“Uno de los temas de alta importancia no solo para el Consejo de la Judicatura sino para los operadores de justicia, es proveer herramientas para garantizar la seguridad de los funcionarios”, manifestó Santiago Páez, director del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

En este contexto, destacó la implementación del Instructivo de Seguridad Individual para jueces y agentes fiscales de carrera de la Función Judicial, “mediante el cual se norma el proceso para la prestación de seguridad”, dijo.

Páez manifestó que, para otorgar esta protección se realiza un informe de análisis de riesgo que determinará por ejemplo “el tiempo de duración de la seguridad asignada al funcionario y si es necesario emplear un dispositivo complementario”, afirmó.

Se refirió a la tenencia y porte de armas, “el Artículo 360 del Código Integral Penal (COIP) establece que, se requiere autorización de la autoridad competente del Estado para portar armas”.

Al respecto, indicó que en Pichincha han ingresado durante el año 2017, 79 causas relacionadas con tenencia y porte de armas, de las cuales 88 se han resuelto.

“Se planteará la consulta para que la Corte Nacional de Justicia a través de una resolución aclare el efecto del porte y tenencia de armas a nivel nacional”, agregó.

Además, el titular de la Judicatura de Pichincha destacó que “al momento en el país tenemos un promedio menor al 4% de audiencias fallidas” e indicó que el Consejo de la Judicatura generó un sistema de seguimiento y coordinación de audiencias que  determinaron mecanismos y protocolos que permiten agendar con 15 días de anticipación una audiencia y diligencia a nivel nacional.

Otra herramienta que ha permitido combatir este fenómeno de las audiencias fallidas es la implementación de tecnologías de información y comunicación, como las audiencias por videoconferencia, «las cuales se realizan con equipos de alta calidad y en tiempo real, además, protegen el principio de inmediación procesal y garantizan el legítimo derecho a la defensa», sostuvo Páez.