En cumplimiento del mandato constitucional y su compromiso con la transparencia, el director provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de los Tsáchilas, Esteban Andrés Guzmán Silva, lideró el evento de Rendición de Cuentas 2025. Durante la jornada, se expusieron avances en eficiencia administrativa, optimización de recursos públicos y fortalecimiento de los servicios judiciales para garantizar el acceso a la justicia en la provincia.

Entre los principales resultados de 2025, se destacó la optimización del sistema de citaciones como un eje clave del debido proceso. En este ámbito, la oficina provincial generó 14.686 citaciones, con una productividad técnica del 99,93 %. “Garantizamos el derecho a la defensa mediante notificaciones oportunas; la celeridad en esta fase inicial es clave para evitar el retardo procesal y asegurar una justicia ágil”, señaló Guzmán Silva.

En cuanto a la resolución de causas, la provincia alcanzó una tasa de resolución del 1,06 %, superando las metas institucionales. Durante el año se resolvieron 38.932 procesos, brindando respuestas oportunas y efectivas a los usuarios del sistema judicial.

Estos resultados se complementan con el impulso a la mediación. Los centros especializados lograron 1.749 acuerdos, promoviendo la solución pacífica de conflictos y generando un ahorro superior a 774.807 dólares para el Estado.

En materia de control disciplinario, la dirección provincial resolvió 43 expedientes relacionados con conductas contrarias a la ética. Como resultado, se destituyó a cuatro servidores judiciales por faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Estas acciones reafirman la política de cero tolerancia a la corrupción y el compromiso con la integridad institucional.

El evento concluyó con el reconocimiento de diversas instituciones locales a la gestión provincial, destacando el fortalecimiento del sistema judicial en territorio. Posteriormente, se desarrollaron mesas de diálogo con ciudadanía y gremios de abogados, espacios que permitieron recoger aportes y ratificar el compromiso de mantener una administración abierta y orientada a la mejora continua del servicio de justicia.