El Consejo de la Judicatura de Pichincha presentó el informe de Rendición de Cuentas 2025, con resultados en la depuración de funcionarios, uso de mecanismos alternativos para solucionar conflictos, priorización en la atención a víctimas de violencia, entre otros.

En control disciplinario, la institución sustanció 153 expedientes que derivaron en la destitución de 15 servidores judiciales por conductas indebidas en sus funciones, detalló la directora provincial, Ruth Cecilia Ortiz. A nivel nacional, 46 funcionarios vinculados a investigaciones penales de trascendencia nacional, como los casos Plaga, Purga y Pantalla, fueron separados.

En cuanto a la fiscalización ciudadana, la Función Judicial receptó 1.117 denuncias por presuntos actos de corrupción y procesó 965 casos, mientras que 53 están en investigación.

Para facilitar el acceso a la justicia y evitar costos en los procesos tradicionales, el servicio de mediación en Pichincha receptó 12.000 casos, de los cuales 7.435 llegaron a acuerdos en conflictos familiares, civiles, laborales, etc. Este volumen permitió descongestionar el sistema ordinario en un 11% y representó un ahorro de USD 3,2 millones para el Estado.

A la par, en zonas rurales y urbano-marginales de la provincia, 67 jueces de paz facilitaron la resolución comunitaria de 104 conflictos. Sobre el flujo de trámites regulares, la entidad gestionó la emisión de más de 123.000 citaciones.

La atención a la violencia de género se mantuvo como un eje de mayor urgencia, debido a que la provincia registró 40 víctimas de femicidio y muertes violentas de mujeres, de las cuales 37 casos fueron procesados.

Con el fin de combatir las demoras de expedientes, la Función Judicial fortaleció los mecanismos para la activación de la Directriz de Celeridad Procesal, que obliga a dar prioridad a los trámites de violencia extrema y riesgo de femicidio. Como parte de ese control se rastrearon 286 causas que se enviaron a las direcciones provinciales para que se los reactive de manera inmediata.

También realizó seguimiento a 48 casos de femicidio y muertes violentas de mujeres, derivados de denuncias directas de madres o familiares, así como 37 causas de niñas, niños y adolescentes.

En el manejo de recursos, Pichincha administró un presupuesto codificado de USD 58,9 millones, con una ejecución del 99,96%, fondos que garantizaron la operatividad de las unidades judiciales.

También, se instaló 4 mesas temáticas: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, atención en casos de violencia sexual e independencia judicial y control disciplinario, en las que se receptó aportes e inquietudes ciudadanas para incorporar en el informe final de Rendición de Cuentas.