“Durante la pandemia, la atención en las unidades judiciales que resuelven casos de violencia contra mujeres, niñas y niños no se detuvo”, así lo manifestó el director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha (CJ), Hugo Xavier Oliva en las Mesas Técnicas de Justicia y Género, Niñez y Adolescencia que se realizaron el 10 y 14 de julio, respectivamente.

En las reuniones desarrolladas a través de la plataforma Zoom, se revisaron las medidas de protección y acciones emprendidas por los órganos judiciales y del sistema integral de protección a niñas, niños y adolescentes, así como a las víctimas de violencia de género durante la emergencia sanitaria.

Entre los acuerdos establecidos, la Judicatura de Pichincha trabajará con la Defensoría Pública, Fiscalía Provincial, Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) entre otros, de esta manera facilitar los procesos para la presentación y judicialización de denuncias en casos de violencia sexual y delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, con énfasis en aquellos casos que se remitan desde las Juntas de Protección de Derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Educación (MINEDUC)

Asimismo, se solicitará a la Fiscalía, Defensora Pública, Policía Nacional y DINAPEN, que se proporcione información actualizada con datos específicos sobre delitos sexuales y contra la integridad sexual, cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, desde el 16 de marzo de 2020 al 16 de julio de 2020.

Oliva acotó que, “en lo que va de la crisis sanitaria hemos garantizado a la ciudadanía el acceso a los servicios judiciales, procurando salvaguardar la integridad de las víctimas”.

Las Mesas Técnicas contaron con la participación de representantes de organizaciones de mujeres, activistas, grupos LGBTI e instituciones públicas.

La Judicatura de Pichincha cumple con el cuarto eje institucional que señala el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Además, se busca garantizar a la ciudadanía, la continuidad y el acceso a los servicios de justicia en medio de emergencia por Covid-19.