Desde esta semana José Vicente Andrade, quien hasta el último mes se desempeñó como Juez de la Sala Civil de Azuay, asume la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Azuay. La designación la realizó el Pleno de este organismo, tras aceptar la renuncia presentada por el director anterior, Esteban Flores Solano.

El nuevo director es cuencano, abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Cuenca (1981). Tras finalizar su carrera académica laboró en el ámbito privado, sin embargo, la mayor parte de su vida profesional la ha ejercido en el servicio público particularmente como juez, cargo que ha desempeñado desde 1988, cuando fue designado juez de Garantías Penales.

También se desempeñó como juez del Tribunal de Garantías Penales y de Sala Penal, antes de ser electo Presidente de la Corte de Justicia de Azuay, cargo que ocupó desde el 2010 hasta 2012. Finalizada esta función retomó su cargo de juez en la Sala Civil de Azuay, en donde brindó su servicio hasta el mes de noviembre.

Su inclinación por la jurisprudencia es heredada de sus antecesores. Su abuelo, Alberto María Andrade, fue abogado y doctor en jurisprudencia al igual que su tío Alberto Andrade Arízaga “Brummel”, de quienes también adquirió el gusto por la literatura.

Su labor se ha encaminado en servir a la ciudadanía de ahí que su nueva tarea se orientará a fortalecer la atención a los usuarios y usuarias del sistema de justicia. “Vamos a ofrecerles una actividad judicial acorde a sus requerimientos, con una atención de calidad alta. La razón de ser de esta institución es servir a la ciudadanía”, señala.

La experiencia judicial le permite conocer las debilidades y fortalezas del sistema judicial, indica y explica que a lo largo de los años de trabajo ha sido partícipe de los cambios, lo que le permite conocer los procesos que se deben mejorar.

El titular provincial señala que el cambio se da para afrontar los nuevos retos de la Función Judicial, entre los que destaca la vigencia del Código Orgánico General de Procesos, al cual califica como uno de los hechos más importantes en la vida judicial de nuestro país, pues se pasará del sistema escrito al oral en las materias no penales.

Cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional otorgado por la Universidad de Cuenca, una especialidad en Criminología y Justicia Indígena de la Universidad de Los Andes y un masterado en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Los Andes. Su vida profesional también ha estado vinculada a la academia, fue profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Cuenca, en los años 2002 al 2012.