Las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) conocieron, este 9 de diciembre de 2025, un informe técnico que pone en evidencia las irregularidades que se cometieron en el análisis y resolución de expedientes disciplinarios abiertos contra servidores judiciales de Carchi y Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la primera provincia, la investigación se ejecutó el 12 de junio pasado y en el lugar se analizaron aleatoriamente los procesos administrativos resueltos entre 2022 y 2024.

Tras este trabajo, se identificaron cinco expedientes con varias anomalías. Por ejemplo, se ratificó la inocencia de un fiscal, pese a que no justificó su inasistencia a una audiencia. También se ratificó la inocencia de una servidora que había presentado un certificado médico no validado por el IESS. Además, se archivaron procesos administrativos sin agotar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

En Santo Domingo de los Tsáchilas se hallaron otros tres casos en los que no hubo suficiente motivación y análisis al momento de emitir las resoluciones. En esa provincia, la investigación se desarrolló el 31 de marzo de este año    

Frente a estos hechos, las autoridades del Consejo de la Judicatura dispusieron que se inicien sumarios administrativos para determinar responsabilidades por las irregularidades cometidas.

Este trabajo es parte de una estrategia nacional que tiene el propósito de evitar que los expedientes disciplinarios sean archivados sin cumplir los pasos legales establecidos.

Hasta el momento, la investigación se ha ejecutado en todo el país y las autoridades adoptan decisiones con el fin de optimizar los mecanismos de control interno y garantizar que la administración de justicia opere con transparencia, rigor y respeto a la ley.