En un esfuerzo interinstitucional, la Dirección del Consejo de la Judicatura del Azuay, la Corte de Justicia del Azuay, la Fiscalía Provincial de Azuay y la Policía Nacional firmaron esta mañana un Acta Compromiso para impulsar un proceso de capacitación dirigido a 1.350 agentes policiales de la provincia.

Este programa, que inició este lunes 17 de marzo y se extenderá hasta noviembre de 2025, tiene como objetivo actualizar y fortalecer los conocimientos de los servidores policiales en temas fundamentales para su labor diaria.

En la malla curricular se incluye temas como el procedimiento en flagrancia, la elaboración del parte policial, el uso adecuado de la fuerza, la tutela de los derechos de los detenidos, el manejo de casos de violencia intrafamiliar, entre otros.

El director provincial del Consejo de la Judicatura, Ernesto Robalino Peña, explicó que los encargados de impartir las capacitaciones serán jueces y fiscales del Azuay, quienes formarán semanalmente a 35 agentes, de lunes a viernes, en horarios de 17:00 a 18:00, hasta completar la totalidad de los participantes.

Robalino destacó que, al finalizar el proceso, los policías serán evaluados para asegurar la efectividad del aprendizaje. Además, agradeció el respaldo de la Universidad Católica de Cuenca, que otorgará un certificado con su aval académico a los participantes.

Para la presidenta de la Corte de Justicia del Azuay, Julia Elena Vázquez, esta iniciativa es el resultado de una coordinación interinstitucional y el compromiso de las autoridades en favor de la seguridad. Enfatizó que la participación de jueces y fiscales garantizará una formación más integral y alineada con los estándares legales y judiciales.

Por su parte, el Fiscal Provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, explicó que los contenidos fueron trabajados conjuntamente entre fiscales y jueces y buscan potenciar las competencias de los agentes para mejorar su desempeño.

Las autoridades también anunciaron que se planifica un proceso de capacitación dirigido a periodistas, con el propósito de brindarles herramientas para que la información que difundan sobre temas de seguridad y justicia sea precisa, adecuada y acorde al marco legal vigente.

Con esta iniciativa, las instituciones reafirman su compromiso con la profesionalización de la fuerza pública y la optimización del servicio a la ciudadanía, contribuyendo así a una sociedad más segura y justa.