El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, calificó como mal intencionadas las afirmaciones de ciertos dirigentes de los abogados de Pichincha, quienes cuestionan la resoluciones 347 y 378 aprobadas por el CJ y que se refieren a las sanciones para las personas que eviten la realización de una diligencia judicial.

Según el doctor Jalkh, estas interpretaciones pretenden distorsionar la verdad sobre la evaluación de desempeño a jueces, proceso que permitió evidenciar que en el país existen normas que no se aplican con la rigurosidad necesaria. Ese es el caso del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere al “Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”.

El titular del CJ explicó que las resoluciones 347 y 378 precisamente se refieren a la obligación que tienen los jueces de hacer cumplir el mencionado artículo que establece que el procesado que no comparezca a una audiencia de juicio o de juzgamiento, comete una nueva infracción, por ello merece una nueva acción penal.

Señaló que en ese caso, la sanción no es para el abogado, sino para el procesado y lo que corresponde es que el juez reporte a la Fiscalía la comisión del nuevo delito. Si existen los méritos suficientes, se inicia un nuevo proceso penal contra el acusado que no asistió a la audiencia.

“Esta medida pretende erradicar las malas prácticas profesionales de quienes le dicen al cliente que no se presente a juicio”, sostuvo y agregó que el objetivo es ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, así como luchar contra la impunidad.

Convenio con la Federación Nacional de Abogados del Ecuador

Las declaraciones del doctor Jalkh se dieron durante la firma de un convenio interinstitucional con la Federación Nacional de Abogados.

El propósito del acuerdo es fortalecer los conocimientos y destrezas de los profesionales del Derecho acreditados en Ecuador en temas relacionados con el Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

Esta normativa, que entrará en plena vigencia en mayo próximo pondrá fin al sistema escrito en todas las materias civiles.

El Presidente Jalkh informó que con el convenio se beneficiará a más de 57 mil abogados a través de talleres prácticos en los que se desarrollarán nuevas habilidades en litigación oral.

El documento establece que los eventos académicos serán organizados por la Federación de Abogados y tendrán el aval del CJ. Para el efecto, el gremio definirá el cronograma de las capacitaciones, convocará a sus socios y facilitará los materiales, equipos e instalaciones necesarias para que se ejecuten los cursos.

El CJ elaborará la malla curricular y el material académico; proporcionará el equipo formadores de la Escuela de la Función Judicial (EFJ) y la plataforma virtual de la institución.

Los talleres serán presenciales, semipresenciales o virtuales y cada parte financiará los gastos que se deriven de sus obligaciones. La Federación podrá fijar un costo para estos cursos.

El Presidente de esta organización, Jimmy Salazar, sostuvo que el convenio permitirá que los profesionales del Derecho fortalezcan y actualicen sus conocimientos, lo que beneficiará principalmente a la ciudadanía.