La Corte Provincial de Justicia de EI Oro ya cuenta con 17 jueces. Esto, luego de que el Consejo de la Judicatura (CJ) incorporó a dos administradores de justicia. Así lo informó, este viernes 25 de noviembre, el vocal del CJ, Néstor Arbito, durante un diálogo con los medios de comunicación de esa jurisdicción.

El vocal Arbito indicó que Manuel Mejía Granda y Jorge Salinas Pacheco laborarán en la Sala Penal de la Corte Provincial. Sin embargo, aclaró que ellos están preparados para brindar soporte a las otras áreas, cuando sea necesario. “Es una incorporación positiva, un apoyo significativo para la Corte”, dijo.

En este evento, participaron también el director provincial del CJ de El Oro, Arturo Márquez; y, el director provincial Disciplinario, Pablo Martínez.

Al ser cuestionado sobre el presunto tráfico de influencias en el que está involucrado el juez Oswaldo P., quien fue suspendido de sus funciones, el doctor Arbito comentó que existe un proceso disciplinario y una investigación.

“Debemos recalcar que la aprehensión de esta persona y el seguimiento del proceso penal fue iniciado por la propia Judicatura. Este es un hecho externo que se ha sancionado. Eso demuestra que hay un monitoreo constante y esta persona está siendo procesada”, puntualizó.

De igual forma, el doctor Martínez indicó que el Consejo de la Judicatura cuenta con una Unidad de Control Disciplinario que es una instancia técnica-jurídica encargada de revisar exhaustivamente los sumarios administrativos que se abren en contra de los funcionarios judiciales.

Manifestó que a disposición de la ciudadanía existe un archivo de los procesos disciplinarios que pueden ser revisados, con el fin de transparentar la información, en cumplimiento al derecho de petición consagrado en la Constitución.

En este contexto, el vocal Arbito también fue consultado sobre la actuación de la exjueza Lorena Collantes y del juez Josafat Mendoza. La primera separada de su cargo por negligencia y el segundo suspendido por provocar un escándalo en la vía pública.

Ante ello, dijo que las acciones de estas personas son aisladas y no deben afectar la imagen de los más de 2 000 jueces que existen en el país.

“No solamente hay un sistema de ingreso a la Función Judicial riguroso de méritos, oposición e impugnación ciudadana, sino que se complementa con sistemas de capacitación y evaluación continuos, en los que se miden producción y calidad. Además, si no tuviéramos un sistema disciplinario no podríamos sancionar este tipo de actos”, indicó.