El Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo,
ratificó que no se tolerará ningún acto de corrupción en la Función Judicial.
“La verdad tiene que ser exhibida cueste lo que cueste”. Con esa frase, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán Carrillo, resumió la situación actual de la Función Judicial que enfrenta una serie de problemas e inconvenientes que impiden prestar un servicio eficiente a la ciudadanía.
En cumplimiento del mandato constitucional de transparentar la información a la ciudadanía, este 05 de mayo de 2023, el doctor Wilman Terán, presentó la Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión institucional 2022.
Señaló que si bien existen 436 dependencias judiciales a nivel nacional en funcionamiento, el 28% de ellas se encuentra en estado crítico, es decir, no tienen los jueces necesarios para despachar los altos volúmenes de carga procesal.
Hay unidades judiciales que tienen una carga procesal que supera el 150% de su capacidad y como consecuencia, existen a nivel nacional 777.730 causas represadas.
Aunque en 2022, se nombró 78 jueces, esta cifra resulta insuficiente si se toma en cuenta que en 2017, se contaba con un indicador óptimo de 11,58 jueces por cada 100.000 habitantes, pero para 2023 la cifra se ubica en 10,54. Actualmente, la Función Judicial tiene una brecha de 692 jueces.
En cuanto a infraestructura el Presidente del Consejo de la Judicatura reseñó que del total de las unidades judiciales propias, el 93% está en mal estado y apenas el 7% se encuentra en condiciones adecuadas. Explicó que existe un déficit presupuestario de USD. 16 millones necesarios para repotenciar esas edificaciones
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Con el objetivo de continuar brindando un servicio eficaz y eficiente a la ciudadanía el Consejo de la Judicatura requiere llenar las 1648 partidas vacantes desfinanciadas del personal administrativo y jurisdiccional, para lo cual se necesitan USD. USD. 21 millones.
De la misma forma, para el pago de jubilaciones de 598 servidores judiciales, el Consejo de la Judicatura, necesita un valor referencial de USD 30.8 millones. Asimismo, con la finalidad de evaluar a los servidores judiciales, de acuerdo a lo que determina la ley, se requieren USD 1.9 millones.
“Esta es la realidad actual del sistema judicial ecuatoriano. Se ratifica el compromiso y deber de ejecutar todas las acciones necesarias para obtener los recursos requeridos para la óptima administración de justicia”, recalcó.
Y es que la participación del Consejo de la Judicatura en el Presupuesto General del Estado en el año 2023 es de apenas el 1.11%, cifra menor a la registrada en 2013 que fue de 1,53%.
En relación al presupuesto óptimo requerido, en los últimos 10 años, se visualiza siempre asignaciones por debajo de lo solicitado. Para 2023, en gasto corriente, existe una diferencia de USD. 24 millones y en inversión de USD. 41 millones.
Las necesidades adicionales del Consejo de la Judicatura que no están financiadas con el presupuesto asignado ascienden a USD. 47 millones de dólares.
Lucha contra la corrupción en la Función Judicial
En el ámbito disciplinario, respetando la independencia judicial, el debido proceso y el derecho a la defensa, en 2022, se destituyó a 77 servidores judiciales, entre ellos, 29 jueces, seis fiscales y dos notarios. Adicionalmente, 231 funcionarios recibieron otro tipo de sanciones como multas, suspensión del cargo, amonestación escrita, entre otros.
"Velamos por una actuación independiente y transparente de todos los servidores judiciales. No queremos que se afecte al servicio ciudadano. Cero tolerancia a la corrupción", enfatizó el doctor Wilman Terán, quien dio a conocer, además, que en aproximadamente dos meses de gestión; fueron separados 24 jueces de la Función Judicial.
“Que los jueces y juezas honestas no teman que no habrá contemplación para ningún acto de corrupción”, finalizó.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
