La afirmación realizada por el Gobierno Nacional en el sentido de que, entre 2013 y 2022, el Consejo de la Judicatura devolvió a las arcas fiscales USD. 500 millones correspondientes al presupuesto entregado para la Función Judicial no es correcta y no tiene un sustento técnico.
Durante ese periodo, el Ministerio de Economía y Finanzas entregó a la Función Judicial un total de USD. 4298’759.881,96. De este monto, en promedio se devengó el 96,91%. Solo el 3,09% de esos recursos (USD. 141’252.282) no fue ejecutado por cuestiones procedimentales.
Las cifras y datos técnicos evidencian que, pese a que el Consejo de la Judicatura ha solicitado, cada año, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el presupuesto óptimo para cubrir las necesidades de la Función Judicial, esa cartera de Estado ha asignado un monto menor al requerido.
La reducción sistemática de recursos atenta contra el principio de autonomía e independencia de la Función Judicial.
El artículo 286 de la Constitución de la República determina que el Estado debe priorizar la asignación de presupuesto para los sectores de salud, educación y justicia, lo cual es concordante con lo determinado en el artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Sin embargo, en el caso del sector justicia, esto no se cumple, lo cual vulnera los derechos de los usuarios y servidores del sistema judicial.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
