Sostuvo que, en muchos casos, los juzgadores evaluados no contaban con

los conocimientos y la preparación necesaria para ejercer como jueces de la CNJ  

La Vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Maribel Barreno Velín, presentó este sábado 13 de agosto del 2022 sus pruebas de descargo dentro del juicio político que lleva adelante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por la evaluación a la Corte Nacional de Justicia en el 2019. En su exposición presencial, en la que también estuvieron el Presidente del CJ, Fausto Murillo Fierro, así como el vocal Juan José Morillo Velasco (la exPresidenta María del Carmen Maldonado compareció vía telemática) señaló que todo el proceso fue trasparente y que el CJ no incumplió sus funciones como lo señalan los interpelantes “sin fundamento”.

Aseguró que se hace una errónea interpretación de la sentencia 37-19-IN/21 de la Corte Constitucional. Ese organismo aclaró que la evaluación jamás vulneró la independencia y estabilidad judicial. Agregó que no hubo una delegación de funciones a los comités que apoyaron en esta evaluación y que la remoción de las y los jueces que no superaron el proceso fue constitucional y no constituyó sanción alguna.

La Vocal Barreno dijo que, en 2019, los juzgadores demostraron que en muchos casos no contaban con conocimientos y preparación necesaria para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia. “Incluso hemos escuchado a profesionales del más alto nivel que colaboraron en la evaluación y ha quedado en evidencia hasta el plagio sistemático de sentencias”.

La Vocal sostuvo que la remoción de los juzgadores que no aprobaron la evaluación en ese entonces fue técnica y objetiva. “Los hechos demuestran, contrario a cualquier acusación de incumplimiento de funciones, que efectivamente cumplimos al haber realizado esta evaluación y que lo hicimos de manera ágil como lo requirió el Cpccs-t”.

Sobre la designación de fiscales provinciales encargados, la Vocal Barreno aclaró que este proceso no se ha realizado de manera discrecional o antojadiza, sino que en todo momento se ha mantenido comunicación con la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, quien ha sido la que ha sugerido al Pleno del Consejo de la Judicatura los nombres de las personas que podrían desempeñarse mejor en calidad de Fiscales Provinciales temporales.

Finalmente, la Vocal del CJ sostuvo que ninguna de las pruebas de cargo presentadas por la interpelante o las pruebas de oficio aceptadas por la Comisión de Fiscalización han logrado probar la supuesta causal que motivaría un enjuiciamiento político en contra de las autoridades de la Función Judicial.

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