Este 09 de agosto de 2022, el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo Fierro y los Vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, participaron en la reinstalación de la Sesión N° 104 de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en la que se practicaron las pruebas testimoniales de descargo del juicio político que se sigue en su contra.
En la sesión, Carlos Figueroa, Gerardo Portillo y Christian Zurita, quienes se identificaron como víctimas de abusos del sistema judicial, presentaron sus testimonios acerca de la persecución que vivieron durante el gobierno del Rafael Correa.
Aseguraron que la justicia fue utilizada para ejercer esa persecución y coincidieron en que procesos de evaluación como el realizado en el 2019 a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia son indispensables y necesarios.
Carlos Figueroa relató que, tras la presentación de una denuncia relacionada con el caso 30S, él exsambleísta, Cléver Jiménez y su exasesor Fernando Villavicencio fueron perseguidos judicialmente. “Para nuestra defensa usamos los instrumentos legales nacionales e internacionales, todas las medidas cautelares nos fueron negadas, todos los jueces nos negaron la posibilidad de defensa”, aseveró.
Por su parte, Gerardo Portillo, quien junto a otras personas conformó la Veeduría que investigó los contratos de Fabricio Correa hermano del ex mandatario Rafael Correa, recordó que también fue perseguido por sistema de justicia. “En 2011 nos notificaron de un juicio por daño moral, fueron ocho años de audiencias fallidas, de sentencias caídas, nos negaron oportunidades de trabajo”, indicó.
El periodista Christian Zurita, quien fue condenado por escribir el libro Gran Hermano, aseguró que desde el 2010 se construyó una estructura de impunidad que, a su criterio, es muy difícil de superar.
De su lado, César Ricaurte, Director de Fundamedios, aseguró que existió injerencia en la justicia por parte del gobierno de Rafael Correa. “Dimos apoyo técnico a la mesa por la verdad y la justicia conformada en el año 2018, Se evidenció la persecución política mediante la judicialización de líderes sociales, generadores de opinión pública. La justicia penal fue la más recurrida”, explicó.
En este contexto, las autoridades del CJ explicaron que hechos como los relatados por los comparecientes hicieron que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, tras la consulta popular de 2018 exhortara al CJ a realizar una inmediata evaluación a la Corte Nacional de Justicia, proceso que se cumplió en el 2019, bajo los parámetros establecidos en la Constitución y la ley.
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