La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, dispuso el inicio de la investigación contra un servidor judicial del Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil, por una posible filtración de información reservada en el caso Lisbeth Baquerizo.
En acto público, el secretario de la Unidad Judicial habría entregado la boleta de detención y el documento de difusión roja de la Interpol a un agente encubierto de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, habría anunciado que la ubicación del principal sospechoso estaba determinada.
Según la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, los funcionarios judiciales tienen el deber de actuar con debida diligencia, más aún cuando se tratan de hechos de conmoción nacional que involucran delitos de violencia de género.
Con la disposición del inicio de investigación, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión se encargará de recabar la información, a fin de determinar o no el cometimiento de las infracciones contenidas en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Estas acciones buscan precautelar los principios establecidos en la Constitución y la ley para garantizar un óptimo acceso a la justicia, así como el debido proceso y un servicio de calidad enmarcado en los ejes de gestión y los principios que rigen a la Función Judicial.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN
