Consejo de la Judicatura | Jueza del caso Bucaram es suspendida por la Presidenta del Consejo de la Judicatura, tras declaración de manifiesta negligencia Imprimir esta página
Martes, 27 Julio 2021 12:44

Jueza del caso Bucaram es suspendida por la Presidenta del Consejo de la Judicatura, tras declaración de manifiesta negligencia

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La Presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, emitió la tarde del martes 26 de julio de 2021, la medida preventiva de suspensión contra Verónica M., Jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, provincia de Pichincha. Dicha decisión, facultad expresa de la máxima autoridad del CJ, fue resuelta tras la declaración de manifiesta negligencia por parte de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a lo actuado en el caso Bucaram y otros.

 

Según el informe que sustenta la medida, la Jueza Verónica M. declaró el Auto de Nulidad por una posible vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, en el presunto delito de delincuencia organizada.

 

La suspensión busca, además, precautelar el servicio de justicia, en especial con los trámites y procesos judiciales que se encontrarían a cargo de la servidora judicial y que deben ser atendidos con la debida diligencia, eficiencia, probidad, honestidad y correcta actuación.

                                                                                       

Adicionalmente, la Presidenta María del Carmen Maldonado dispuso revisar todas las acciones de los abogados que son parte del caso.

 

Investigación interna

Inmediatamente, el Consejo de la Judicatura analizará los hechos que presumiblemente determinan la existencia de una infracción disciplinaria, por parte de la servidora judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

Este caso, de conformidad con la sentencia No. 3-19-CN/20, de 29 de julio de 2020, dictada por la Corte Constitucional, cuenta con la Declaratoria Jurisdiccional Previa por Negligencia Manifiesta, de la autoridad jurisdiccional competente y, en consecuencia, el CJ actuará en apego a sus facultades.

 

Los procesados son acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por supuestas irregularidades en la comercialización de 21 mil pruebas de diagnóstico para la detección de COVID-19.

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

 

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