La Corte Constitucional analiza los derechos al debido proceso, en la garantía de motivación y a la seguridad jurídica en el marco de una sentencia que rechazó una acción de protección al considerar que no existe una norma constitucional o infra constitucional que ordene la inscripción de una unión de hecho. Se resuelve aceptar la acción extraordinaria de protección al constatar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica.
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