Con el objetivo de garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, el Consejo de la Judicatura se propone transformar y modernizar el sistema Judicial del Ecuador, a través de 30 proyectos prioritarios que han sido diseñados en tres ejes: el talento humano que permitirá contar con una justicia honesta, eficaz e imparcial; una infraestructura moderna y segura que será el entorno adecuado para atender con dignidad a los usuarios; y, la modernización tecnológica que permitirá acceder a una justicia ágil y accesible.
Entre los proyectos prioritarios se encuentra, por ejemplo, la creación de un mecanismo para conectar el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) con el Sistema Informático de Trámite Judicial (SATJE). Esto garantizará que, en todo momento, las pensiones alimenticias sean entregadas de manera inmediata a las niñas, niños y adolescentes.
También está el diseño de un proyecto que interconecte el Sistema de Garantías Jurisdiccionales con la Corte Constitucional, a efectos de que se conozca el momento en que se emite una Garantía Jurisdiccional. De esta manera, se irá generando criterio unificado con respecto a esta materia.
Otro de los proyectos prioritarios es generar el Registro Único de Violencia con el objeto de que se pueda concentrar, en un solo proceso, todos los trámites institucionales que deban hacer las víctimas de violencia cuando acudan a la Función Judicial. Esto evitará que las personas que han sufrido agresiones deban desplazarse hacia distintos sitios por cada gestión que necesitan realizar.
Adicionalmente, se potenciará acciones que impliquen la tutela efectiva de los derechos de las y los ciudadanos
Los 30 proyectos prioritarios fueron presentados el 31 de mayo de 2023 y están en discusión, desde el 5 de junio en la mesa técnica integrada por el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Planificación y el Ministerio de Finanzas, en cumplimiento de la sentencia de la Acción de Protección presentada, en abril de este año, por el doctor Wilman Terán, para exigir el cumplimiento de los derechos de los usuarios y servidores del sistema de justicia.
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